Tiene lugar el alzamiento militar en gran parte de España en un clima de temor y confusión generalizada.

Aunque fue ese día cuando se conocieron los alzamientos en Sevilla, Córdoba y Granada, a los que se sucedieron los de  Valladolid, Burgos y Zaragoza, fue la noche anterior cuando empezó todo.

Una filtración de que el alzamiento iba a tener lugar el 18 de julio a las cinco de la mañana, hizo que se adelantara, materializándose en Melilla el día anterior, a las cinco de la mañana, con una declaración de estado de guerra en la ciudad.

En los pueblos de la comarca de La Janda se tiene ya firme conciencia del alzamiento militar y se producen las primeras consecuencias.

A partir de ese momento, falangistas y militares comienzan a tomar las calles e instituciones, relegando de sus cargos a los equipos municipales de gobierno y a sus máximos representantes.

En algunas poblaciones, caso de Paterna de Rivera, tienen lugar enfrentamientos en los que se producen numerosas víctimas, catorce. En otras, como Medina Sidonia, el ‘relevo’ al frente de la máxima institución municipal se produce de forma pacífica.

A lo largo de este mes tienen lugar las primeras detenciones y asesinatos de alcaldes y concejales

No había vuelta atrás y los golpistas estaban decididos a dar cruel ejemplo con las detenciones y fusilamientos de aquellos que defendían y representaban las ideas de la República.

Los primeros en sufrir dichos apresamientos y asesinatos fueron los regidores de cada uno de los pueblos de la comarca y sus pedanías. La suerte no acompañó a todos por igual, ya que mientras que  José Camelo, de Conil, y Ramón Dávila, de Paterna, lograron escapar; Francisco Tato, de Barbate, Antonio Gallego, de Alcalá, y Ángel Ruiz, entre otros políticos, fueron fusilados.

A lo largo de este largo periodo, la dictadura de Francisco Franco continúa deteniendo, torturando y asesinando en España y la comarca.

Las detenciones, asesinatos y vejaciones públicas (las mujeres la sufrieron en gran medida) se practicaron de forma ininterrumpida a lo largo de los 40 años de dictadura.

Al igual que en el resto de España, en los pueblos de la comarca se instauró el terror y políticos, sindicalistas, trabajadores y sus familias fueron objeto de una persecución constante. Víctimas, muchas, que, aún hoy día, no han sido encontradas por sus familias.